Argentina se unió al Fondo Monetario Internacional el 20 de septiembre de 1956 y desde entonces ha participado en 22 acuerdos con el Organismo.
El Gobierno argentino logró el respaldo legislativo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita un nuevo acuerdo con el FMI, consolidando su avance sin necesidad de ratificación en el Senado. Sin embargo, aspectos clave como el monto del financiamiento, los plazos de desembolso y las condiciones específicas del acuerdo aún no han sido revelados.
El acuerdo ha despertado reacciones contrarias al interior de Argentina.
Imagen: Infobae
Este miércoles 19 de marzo la Cámara de Diputados de Argentina ratificó el decreto que permite avanzar con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Con 129 votos a favor y 108 en contra, el documento habilito a Javier Milei para estrechar la mano con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, y fortalece la posición del Gobierno argentino en las negociaciones con el prestamista internacional, aunque sin despejar todas las dudas que rodean el pacto.
El Ejecutivo sostiene que el acuerdo con el FMI busca sanear el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y consolidar un proceso de desinflación, respaldando la moneda con reservas en oro y dólares.
En términos generales, el decreto autoriza la toma de crédito público con un plazo de 10 años y establece que los fondos obtenidos se destinarán a la cancelación de deuda con el BCRA y a cubrir vencimientos con el organismo internacional.
De lo poco que se conoce de las condiciones del nuevo acuerdo, se sabe que adoptará la modalidad Extended Fund Facility (EFF), con un plazo de vigencia hasta 2035, algo que permitiría refinanciar los pagos de deuda de los próximos cuatro años y otorgaría un período de gracia de cuatro años y medio antes de iniciar la devolución de los fondos.
Con esto, la Presidencia argentina ha dicho que espera reducir la presión sobre las reservas internacionales y mejorar la estabilidad financiera del país, pero sin conocerse en detalle los compromisos asumidos, la responsabilidad de la deuda caerá en manos de futuras administraciones, lo que implica una carga a largo plazo para la economía argentina.
Según medios locales, los plazos burocráticos del FMI indican que las condiciones del documento final podrían anunciarse a mediados de abril.
Entretanto, se espera que el próximo 27 de marzo la vocera del FMI, Julie Kozack, ofrezca información preliminar sobre el estado de las negociaciones. Sin embargo, la reunión del directorio para tratar el caso argentino no se realizaría hasta los primeros 15 días de abril, antes de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial.
El acuerdo en ciernes del gobierno argentino con el FMI será el número 23 en el historial de las relaciones del país con el organismo.
Argentina alcanzará así a Colombia en número de acuerdos con el FMI; por encima de ellos solo quedarán Perú, que firmó 26, y Paquistán, que firmó 24. En el caso peruano, sin embargo, de los últimos seis acuerdos no necesitó ningún desembolso y desde 1999 no le debe un centavo al Fondo.
Los casos de Colombia y México (que tuvo 18 acuerdos) son parecidos: los montos se acordaron en gran medida, en especial en los acuerdos de “Línea de Crédito Flexible”, para impresionar y, junto con promesas de ajuste fiscal y monetario, convencer a los mercados que se trataba de países merecedores de crédito privado, lo que haría necesario su desembolso.
Perú y en la actualidad la Argentina, Paquistán y Egipto fueron y son lo que en su jerga e incluso en un documento de 2019 el Fondo llama “deudores repetidos” (repeated) o “prolongados” (protracted). Algo así como el alumno repetidor que va cambiando de compañeros de clase, pero no de hábitos.
En los 90s Argentina fue el mayor deudor del FMI durante un par de años, cuando la convertibilidad estuvo en riesgo, y desde 2018 volvió a serlo, encadenando en 2025 ocho años consecutivos en esa condición, que sumados a los dos anteriores lo posicionarán como el país que durante más año fue (y aún es) el principal deudor del FMI.
Los números
A marzo de 2025, la deuda del país con el Fondo es de 31.100 millones de “Derechos Especiales de Giro” (DEG, la “moneda de cuenta” del Fondo) o USD 41.363 millones de dólares, tomando el tipo de cambio del DEG, que al viernes 21 de marzo es de 1,33 dólares), un 28,3% de su cartera crediticia, ranking en el que siguen Ucrania, un país invadido y en guerra, con USD 14.013 millones; Egipto (USD 11.905 millones); Ecuador (USD 8.714 millones); y Paquistán (USD 8.413 millones).
Cabe consignar que durante al menos un par de ocasiones en lo que va del siglo la deuda argentina con el Fondo fue parcialmente disimulada por dos “capitalizaciones”. el 23 de agosto de 2021 el FMI acreditó al país (sin contarlo como “desembolso”) unos USD 4.334 millones, cuota-parte argentina de un aumento de capital de USD 650.000 millones del organismo. Y en 2009 un episodio similar había engordado ficticiamente las reservas del BCRA, por una capitalización anterior del organismo.
Las cuentas dan hoy que cinco países concentran casi el 58% de la actual cartera de crédito pendiente (credit outstanding) del FMI, mientras los 88 que la completan explican el 42% restante, a un promedio inferior a 0,5% por país.
El gobierno recurre al nuevo acuerdo no para convencer sobre su vocación de ajuste monetario y fiscal, que incluso excede las demandas y expectativas del Fondo, sino para aventar dudas sobre su capacidad de pago y sobre la escasez de reservas del BCRA, que en términos netos siguen siendo negativas, pese a las compras de divisas de 2024 y lo que va de 2025 y del superávit comercial récord del año pasado, que rozó los USD 19.000 millones.